Por: IAN FAROUK SIMMONDS - 
@IANSIMMONDS  / 

La denuncia hecha por el diputado Eduar Torres, sobre las presuntas irregularidades en las que habría incurrido la Gobernación del Magdalena al solicitar un crédito para financiar las obras de la carrera 4 de El Rodadero y la remodelación del Polideportivo del Sur, en Santa Marta, fue asumida por el senador Jorge Enrique Robledo en Bogotá. El congresista solicita a la Procuraduría General de la Nación -y en especial al procurador Fernando Carrillo- hacer un control especial a la operación por considerarla como un "acto de corrupción".

En comunicación conocida por este diario digital Robledo asegura que existen "indicios que demuestran que podemos estar frente a un acto de corrupción que debe ser investigado a profundidad" pues "se ha hecho recurrente la práctica de celebrar contratos de crédito sin cumplimiento de los requisitos legales, con ausencia de competencia y extralimitando las funciones específicamente atribuidas, por lo que resulta necesario erradicar estas malas prácticas y fortalecer los controles sobre este tipo de operación con el propósito de evitar actos de corrupción y todas las afectaciones que ello generan".

"Le solicito dar trámite preferente para efectos de evitar que se perfeccione una actuación ilegal que termine afectado los intereses del Departamento del Magdalena", reza el documento firmado por el senador del Polo Democrático.

De acuerdo a la denuncia del diputado Eduar Torres, en febrero la Gobernación pidió una adición de $50.000 millones vía préstamo para los proyectos de la doble calzada a El Rodadero y el Polideportivo del Sur. Al reclamar el hecho que se gastase $25.000 millones en un escenario deportivo luego que el Distrito entregara varios espacios en el marco de los Juegos Bolivarianos avivó las críticas del dirigente político.

El diputado, además, advierte que tenía serias dudas legales porque al momento de solicitar el empréstito no existían soportes "por lo que no veía pertinente adicional un recurso que no existía".

"Propuse que, de darse la operación de crédito público, se le abriese un rubro de $10 mil millones para la Universidad del Sur y citaba al Secretario de Hacienda para que explicase las serias dudas legales del crédito y avalase las modificaciones; Pero mi proposición fue negada en la Asamblea y la adición original, con todas sus dudas, fue aprobada por la plenaria lo que entonces generó un fuerte debate en la comunidad", afirmó Torres.

A renglón seguido, narra Torres que "la Gobernación continuó calladamente el trámite del crédito, aumentando mis dudas iniciales; Las facultades para contratar el préstamo, inicialmente negadas, aparecieron sorpresivamente “revividas” en la Ordenanza 043 de 2016 pero con una redacción imprecisa y las mismas irregularidades de aquellas inicialmente eliminadas, es decir no especificaba el “cupo de endeudamiento” o valor del préstamo, ni los proyectos a financiar, ni su inclusión en el Plan de Desarrollo, requisitos exigidos por el Decreto 1222 de 1986".

"Esas falencias fueron las que intentaron ser posteriormente cubiertas por la Gobernadora mediante el Decreto 665 de 2017, en el cual se autofacturó un “cupo de endeudamiento” por $50 mil millones y detalló los proyectos, otra clara irregularidad al asumir por Decreto facultades exclusivas de la Asamblea, En el mismo Decreto también otorgó como garantía del préstamo los ingresos corrientes de libre destinación, incurriendo en una tercera irregularidad pues el artículo 11 de la ley 358 de 1997 establece que sólo podrían destinarse como garantía ingresos específicos del mismo sector de los proyectos a financiar", remarca Torres quien además asegura que solicitó a los Bancos de Bogotá, Popular y Occidente, entidades del grupo Aval, revisar y, en lo pertinente, suspender dicha operación de crédito público